Los
avances tecnológicos, las nuevas dinámicas sociales, la globalización de la
economía, los nuevos roles que asume el Estado en materia de educación y las
nuevas exigencias del mercado laboral son algunos de los principales factores
que configuran un entorno diferente para la sociedad en general y para la
educación superior en particular. En este contexto aparece la necesidad de
adaptación y la generación de estrategias que permitan una uniformidad de
criterios que ayuden a definir prácticas eficientes, procesos efectivos y
espacios de aprendizaje de alto estándar. Así surge el aseguramiento de la
calidad educativa.
La
naturaleza multidimensional del concepto de calidad (Vargas, 2001) obliga a
revisar y buscar un ángulo desde el cual entenderla. Harvey
y Green citados por Olaskoaga (2015) proponen cuatro formas distintas de
entender la calidad: como perfección, exclusividad, intercambio de recursos y proceso
de transformación. Sin embargo, cada uno de estos conceptos según Ansin
(Olaskoaga, 2015) responden a la necesidad de satisfacer un grupo o aspecto
determinado de la realidad en la que la educación superior se desenvuelve; es
decir, responder a determinados grupos
de interés relacioandos directa o indirectamente con las instituciones
educativas. Es en este sentido que el CINDA (1993) propone una definición de
calidad que presenta una mirada global de la calidad donde los
diferentes aspectos que construyen la estructura organizacional de la
universidad contemporánea son defendidos y puestos a prueba en este proceso
continuo de mejoramiento. Orodika y Lloyd (2014) buscan entender las dinámicas
de poder que articulan las prácticas dentro de las instituciones de educación
superior. Por lo tanto, se hace necesario reconocer de qué manera estas dos
grandes influencias (la sociedad y el mercado) hacen posible dos miradas
completamente opuestas respecto a la práctica y desarrollo educativo en la
universidad. Así se van a producir consecuencias en los ámbitos académicos, de
gobierno y de investigación. El
conflicto entre universidad como bien social y como producto del mercado
(Orodorika, 2014) reponde a dinámicas como la glogalización, el proceso de
dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación, la
despolitización de la universidad como institución, el retiro del Estado y su repercusión
en los procesos educativos en general, etc. Este dilema afecta de manera
directa al principal receptor y articulador de este sistema: el alumno. ¿Dónde
queda la posición del alumno como sujeto que aprende? ¿Hasta qué punto la labor
del docente se involucra en esta dinámica?
Oscar
Mas (2012) propone que la formación del profesorado debe desarrollar las
competencias pedagógicas, la innovación y las labores de gestión necesarias
para que aseguren el perfeccionamiento de la calidad del aprendizaje de los
alumnos. Es
importante recalcar que el concepto de calidad va a depender de la filosofía de
la institución, de la forma cómo estructure su relación con los grupos de
interés y de la gran opción de definir la educación como bien social o como
bien de mercado. Pero sea cual sea el enfoque, es fundamental entender, como
afirma Más (2001), que “volver a pensar
la Universidad significa reconceptualizar el papel del profesorado, de los
estudiantes, de la enseñanza-aprendizaje, de la investigación, del gobierno y
la gestión”. La mirada humana es fundamental para comprender los procesos
de mejora desde su base, presentando el fin último de la práctica académica: el
aprendizaje del alumno.
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